Quiero llamar la atención acerca de los resultados de una encuesta que aparece en la edición del miércoles del cuerpo de Deportes, con relación a la excusa que inventarían los chilenos para ver los partidos de la Selección de fútbol por televisión. Las respuestas son variadas, desde expresar que los afectó una panne hasta poner un aviso de bomba en el trabajo para irse a la casa. La verdad es que todas las respuestas envuelven una excusa no muy novedosa, poco creíble, o derechamente mala, pero que al final de cuentas son mentiras. Nadie contestó “diría la verdad” o bien “pediría permiso”. La encuesta refleja lo que ya se había publicado en este medio: lo bueno para mentir que somos los chilenos. Ello es preocupante, particularmente para los nuevos sistemas procesales que, como son orales, asignan a la prueba de testigos un valor decisivo para llegar a la verdad procesal.
Acerca, precisamente, de la prueba de testigos, conociendo bien el alma nacional, don Manuel Montt, en el mensaje del Código Civil, expresa que respecto a la prueba de las obligaciones, se hace obligatoria la intervención de la escritura en desmedro de otras pruebas, recogiendo legislaciones de Francia y Portugal, países en que está limitada la prueba de testigos, produciendo saludables efectos: “No hay para qué deciros la facilidad con que por medio de declaraciones juradas puedan impugnarse los más legítimos derechos. Conocida es la existencia de una clase infame de hombres que se labran un medio de subsistencia en la prostitución del juramento”.
Fuertes y claras las expresiones del Presidente Montt, pero reflejan el grave defecto que nos aqueja, y que con el transcurso del tiempo no hemos superado, como lo denotan las respuestas dadas a la simple pregunta que se formuló en Deportes, y sería bueno que quienes elaboran los sistemas procesales tengan en consideración este desvalor nacional.
Ignacio Letelier Morán.
Señor Director:
Impuesto al alcohol.
Muchos países en que el Estado paga una parte importante de los costos de salud de su población —como el plan AUGE— suben el impuesto a las bebidas alcohólicas para reducir su consumo. Con ello los gobiernos recaudan más impuestos y a la vez mejoran la salud de sus poblaciones. La dependencia alcohólica disminuye en 10 años la vida de una persona, mientras que un cuarto de la vida productiva de una población se pierde por el consumo excesivo de alcohol. La mitad de la violencia intrafamiliar y un gran porcentaje de los accidentes en carreteras están asociados al consumo de alcohol. De hecho, ya los productores de cerveza nos han ayudado a educar a nuestra población. Todavía podemos hacerlo mejor. Como lo indica el Dr. Alfredo Pemjean en su carta del 25 de abril, un aumento en el precio de las bebidas alcohólicas por un mayor impuesto sería traspasado al consumidor. Además las personas que expenden estas bebidas alcohólicas aumentarían su margen de ganancia. Como dice Pemjean, “nadie pierde; muchos chilenos ganan”. Más aún, una “denominación de origen” de nuestros mostos incluso podría beneficiar a la industria y podría ayudar a protegerla con impuestos temporales proporcionalmente menores para aquellos se sufrieron pérdidas recientes. Si este fuese el momento de proponer medidas impositivas para pagar por los daños de nuestro gran sismo y maremoto, y a futuro, sugiero a nuestros gobernantes mirar el gran problema de salud que causa tan sólo esta droga legal.
Yedy Israel, Ph.D. Profesor, Univ. de Chile, Ex Presidente Sociedad de Investigaciones en Alcoholismo, EE.UU.
Señor Director:
Nostalgia
Ni con toda la tecnología implementada en el Transantiago se ha podido regular la frecuencia de las micros con la eficiencia con que la regulaban los “sapos”. Tal vez sea el tiempo de evaluar seriamente su reinstalación y reconocer que, al menos por ahora, la tecnología no ha podido sustituir el trabajo humano.
En los últimos días hemos podido presenciar una acción comunicacional aparentemente coordinada para establecer la condena pública a un sacerdote chileno emblemático, el padre Fernando Karadima.
Hasta la fecha, en ninguna instancia, ni al interior de la Iglesia ni en los Tribunales de Justicia, se ha dictado una sentencia al respecto. Más delicado aún, no se conoce en detalle el fondo de las acusaciones y, de acuerdo a lo poco que se sabe a través de declaraciones de los acusadores a medios extranjeros, habría graves inexactitudes y falsedades en las denuncias y una aparente coordinación entre ellos.
Creo que ante un hecho tan delicado y sensible no corresponde hacer sentencias previas, sino respetar la dignidad de todas las partes involucradas en este delicado tema. En lo personal, conozco al padre Karadima desde hace más de 20 años y las acusaciones en su contra me parecen sencillamente inimaginables.
En Chile ya hemos vivido en el pasado dolorosos casos en los que se destrozó por los medios de comunicación a conocidas personalidades y, posteriormente, se descubrió que todo se trataba de un montaje originado en los más diversos intereses. No quiero concluir que este sea el caso, sólo llamo a la prudencia, a esperar que luego de un proceso justo se consigne la verdad. Nuestra Iglesia, nuestro país y el padre Karadima, no merecen ser protagonistas de otro caso "Gemita Bueno".
Luis Felipe Gazitúa A.
Señor Director:
Acusaciones contra el padre Karadima.
No me llama la atención que haya muchos que compartieron con el padre Karadima que hoy salgan en su defensa; que señalen los años en que participaron en la parroquia de El Bosque y que nada extraño conocieron y menos que a ellos mismos les haya tocado vivir una experiencia del orden que otros denuncian. Lo que sí me extraña -y mucho- es que, junto con el testimonio, por lo demás absolutamente legítimo, se insulte y se califique de "calumnia sin fundamento y grosera" a quien denuncia porque estima que hacerlo tiene que ver con una responsabilidad moral y, a la vez, con un eventual daño producido en la propia persona del denunciante.
Esto último es igualmente legítimo y hasta obligatorio para quien acusa, porque si es verdadera su acusación, puede haber otros que puedan pasar por experiencias tan similares como monstruosas. La insolencia no ayuda a que las posibles víctimas se atrevan a denunciar. De igual manera, se me ocurre que así como hay que hacer oración por las posibles víctimas, nada podría impedir que se hiciera lo mismo por el acusado.
¡Qué importante es hacer la verdad sobre lo acontecido! ¡Qué fundamental es que de parte de unos y otros no se nos olvide el respeto recíproco mientras se busca una sentencia que diga la verdad sobre lo ocurrido!
Percival Cowley V., SS.CC.
Señor Director:
Investigación del Ministerio Público.
No soy católico y nunca le tuve especial simpatía al señor Karadima, pero leer que todas las conductas que se investigan por el Ministerio Público se encuentran prescritas y que ocurrieron muchos años antes de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en Santiago, junio del 2005, nos debe llevar a reflexionar sobre el sistema procesal penal que tenemos y cómo se está llevando adelante.
No parece plausible ni legítimo que un fiscal regional, a sabiendas que investiga hechos prescritos y anteriores a su competencia, se aboque a indagarlos, consciente del efecto mediático que tendrá. Aun en el evento que "aparecieran", según se ha dicho por la prensa, denuncias posteriores y se interrumpa la prescripción; cada uno de los casos que hoy investiga el fiscal regional jurídicamente deberá ser conocido por el sistema antiguo. Todo ello nos debe llevar a dos reflexiones:
1. ¿Cómo se asignan los recursos humanos en el Ministerio Público? Cuando escuchamos en la cuenta nacional al fiscal nacional diciendo que faltan fiscales para investigar, ¿qué hace un fiscal investigando un hecho que sabe que cae fuera de su competencia temporal?
2. ¿Es legítimo empezar una investigación penal y con gran publicidad por si aparece un caso que pueda interrumpir la prescripción? ¿No se debe acaso hacer las cosas al revés, en sistema de leyes y no de personas?
FRANCISCO COX VIAL.
Señor Director:
Transparencia.
Solicito a todos quienes opinen acerca de los impuestos al tabaco y alcoholes que declaren en forma explícita si tienen o no conflictos de interés al respecto.
Alberto Estévez, Médico Cirujano.
Señor Director:
Carabineros y el terremoto.
El destino quiso que este 27 de abril, cuando se conmemore el 83º aniversario de Carabineros de Chile, se estén cumpliendo dos meses desde que ocurriera una de las tragedias más relevantes de la historia del país, el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.
Esta infausta coincidencia, triste conjunción, finalmente emerge como una oportunidad para reafirmar nuestra vocación de servicio público, el compromiso con la Nación y los valores fundamentales, la esperanza en un futuro mejor.
La catástrofe natural, que con fuerza afectó a gran parte del territorio, fue una prueba para el país y sus instituciones, generando dolor y sufrimiento.
Como carabineros, afortunadamente, no lamentamos víctimas fatales, pero sí tuvimos 42 de los nuestros heridos y más de 200 cuarteles con daños, que implicarán una inversión sobre los 40 mil millones de pesos.
Más allá del recuento, el terremoto y maremoto, como pruebas que nos envía Dios o la vida, también fue una oportunidad para hacer visible lo mejor de Chile.
El dolor dio paso a la solidaridad, a la unidad, al bien común por delante de los intereses particulares, a la esperanza en la reconstrucción, no sólo para reparar, sino para hacer mejor lo que ya no está: mejores escuelas, casas, hospitales y además, por qué no pensarlo, mejores cuarteles de Carabineros.
Carabineros es parte de Chile. Es parte del patrimonio nacional y del paisaje del país y, por tanto, la capacidad de ponerse de pie y transmitir confianza en el futuro es un compromiso integrado a la forma de ser de la institución y de cada carabinero y carabinera, que se hace explícito al cumplir un nuevo aniversario institucional.
En la dificultad, los hombres y mujeres carabineros que se vieron sometidos a exigencias, a veces al límite de las capacidades, respondieron con el profesionalismo y abnegación que nos hace enorgullecernos a quienes vestimos este uniforme.
Como lo obliga nuestra doctrina, en las horas en que la naturaleza nos puso a prueba, cada carabinero -sin distinción de escalafón, especialidad o jerarquía- estuvo preparado para ejercer el liderazgo valórico que la comunidad esperaba, respondiendo a las expectativas ciudadanas de dar seguridad, compañía y guía. Ello, con silenciosa valentía y entrega, incluso a riesgo de la propia vida o del descuido de la familia más cercana, para ir en auxilio de la comunidad.
En las últimas semanas, muchos hombres y mujeres de la institución fueron reconocidos. Los que actuaron en la catástrofe, quienes posteriormente procedieron en fechas complejas en materias de orden público y quienes participaron en operaciones de control del crimen organizado o tráfico de drogas, entre otros.
Efectivamente, se verificaron éxitos puntuales en estos ámbitos. Ellos, sin duda alguna, son fruto del trabajo serio y permanente, de la inteligencia eficaz e integración adecuada de las técnicas y tecnologías al trabajo de Carabineros.
Dos factores son claves en el buen desempeño: el apego a la historia y la doctrina institucional, al liderazgo valórico que cada carabinero asume desde que juró ante Dios y la Bandera; y el compromiso de que cada éxito es sólo un nuevo punto de partida para seguir mejorando.
Eduardo Gordon Valcárcel
General Director de Carabineros de Chile
Señor Director:
Impuesto al alcohol .
Nadie duda de que un alza de los impuestos a las bebidas alcohólicas proveería recursos importantes para la reconstrucción que el país necesita.
Lo que no todos saben es que, además, constituiría una medida protectora de la salud y la convivencia de los chilenos.
Para que esto último ocurra, se requiere que el costo de ese impuesto sea efectivamente traspasado al consumidor.
Cuando sube el precio de venta al detalle, el consumo general de la población baja, pero se reducen en mayor medida, entre los jóvenes y los bebedores, problemas más severos. Ellos configuran dos grupos de alto riesgo sanitario y social. Últimas investigaciones muestran que estos efectos son inelásticos y duraderos.
Las empresas y comerciantes venderían menos, pero a mayor precio.
La ecuación para equilibrar costos, gravámenes, precios por mayor y al detalle, réditos y balances, es el tema que manejan todos los días, y muy bien, empresarios y economistas.
Los productores pequeños de las zonas afectadas podrían requerir de un monitoreo de la situación y un eventual apoyo, para que no pierdan en la transición.
En resumen, el impuesto al alcohol traspasado a precio determina un menor consumo, especialmente el que produce mayores daños. Las menores ventas al detalle se compensan con un mayor valor por cada bebida vendida. El Estado recibe mayores ingresos y los traspasa a los chilenos más afectados.
En definitiva, nadie pierde, muchos chilenos ganan.
DR. ALFREDO PEMJEAN GALLARDO
Profesor Facultad de Medicina Universidad Diego Portales
Cartas recibidas en nuestra Redacción y/o tomadas de medios escritos de circulación nacional.
