Señor Director:
Fuerzas Armadas y DD.HH.
Me parece que la cuerda se está estirando demasiado.
Primero, de acuerdo con la legalidad vigente, quienes fueran condenados por juicios de DD.HH. debían abandonar las filas de las FF.AA. Después se cambió la política en el sentido de que nadie que hubiese sido procesado podía continuar en servicio, aun cuando haya sido exculpado.
Ahora, según los cuestionamientos al Jefe del Estado Mayor del Ejército y las poco definidas explicaciones del gobierno, más los despidos ocurridos en el propio Ministerio de Defensa y el rechazo a una contratación en el Ministerio de la Vivienda, permiten concluir que la nueva doctrina es que aquel que haya pertenecido a la CNI no tiene derecho a laborar en la administración pública, haya sido enjuiciado o no. Falta poco para que todo uniformado que haya estado en servicio activo durante el Gobierno Militar sea considerado un paria. Sin embargo, no hay absolutamente ningún impedimento para que quienes pertenecieron al Mir y a otras organizaciones terroristas de izquierda puedan ocupar altos cargos públicos.
Es una injusticia, una hipocresía y una inconsecuencia atroz.
Miguel A. Vergara Villalobos
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Señor Director:
Sobre propinas
Un empresario que explota un negocio gastronómico debe contemplar entre sus costos fijos el pago de un sueldo estable a sus garzones. La propina no puede considerarse como parte de la rentabilidad de un negocio que sustente un sueldo estable.
El espíritu de dar una propina es entregar directo al garzón y no a su empleador, una retribución voluntaria extra al pago de una cuenta por una muy buena atención al cliente, pero no es obligación del cliente darla; en cambio el garzón debe estar siempre dispuesto a dar una buena atención.
Alejandro E. Silva Valdés
