Señor Director:
Indemnización a miristas
Vamos a suponer que Andrés Pascal Allende ha perdido algo la memoria y, entonces, es bueno ayudarle a recordar ciertos dichos y ciertos hechos.
Su empresa, el MIR, especificó su giro en al menos 39 oportunidades entre 1965 y 1973: el uso de la lucha armada como estrategia revolucionaria, según palabras del propio Pascal en la revista "Ercilla" de septiembre de 1969. Era la visión y misión de la empresa.
Su empresa, el MIR, realizó al menos 127 actos de violencia entre 1965 y 1973: asesinatos, secuestros y torturas de civiles y uniformados, colocación de bombas, asaltos de bancos y armerías, secuestros de aviones, incendios de garitas, robos de polvorines, tomas de fundos, radios, municipalidades y gobernaciones, enfrentamientos con carabineros y otros jóvenes, asaltos de cárceles, barricadas en caminos. Otros muchos cientos de hechos no reivindicados por el MIR son fácilmente adjudicables a la organización por su método y objetivo. Eran los servicios que prestaba la empresa.
Todos esos antecedentes los puede encontrar Andrés Pascal Allende en las obras de Patricia Arancibia Clavel, por si los archivos de la empresa hubiesen desaparecido.
Finalmente, Pascal sí ha aportado un dato importante para la memoria histórica, a pesar de estar tan olvidadizo en otras dimensiones. Nos ha dicho que más de mil miristas murieron desde 1973; como hay otros 400 vivos y pidiendo ser reconocidos como funcionarios de la empresa a 1973, Pascal Allende nos ha facilitado la reconstrucción de la planta del MIR. Hasta ahora, Carlos Altamirano nos había informado que el aparato militar mirista era mayor que el del PS, acotado éste a entre mil y mil quinientos hombres. Pascal comienza a confirmarnos esa información.
Gonzalo Rojas Sánchez
Señor Director:
Caso Mirage
Batalla campal en el Senado por caso Mirage. Peleas, descalificaciones, censuras y comentarios varios.
Si el río suena, algunas piedras debe traer.
Juan Pablo Masjuán García
Señor Director:
Incompatibilidad de funciones
El senador Naranjo propone, en carta publicada ayer, que un dirigente sindical pueda presentarse como candidato a parlamentario patrocinado por un partido político, sin autorización previa de los miembros de su sindicato, o en el caso de dirigentes de confederaciones, sin autorización previa de los sindicatos miembros. Este abuso de confianza contra los miembros de los sindicatos que eligieron al dirigente por sus servicios gremiales, y contra aquellos que discrepan de la posición partidista del dirigente, no puede ser tolerado.
En caso de ser electo, Naranjo postula que el dirigente reduzca impunemente su dedicación a la labor propia del sindicato, retirando el servicio gremial prometido a los miembros e impidiendo que éstos lo sustituyan por alguien que trabaje. Y en caso de perder la elección, Naranjo propone que los miembros del sindicato deban tolerar el retorno de un dirigente que abandonó sus labores por varios meses, o años.
La ley actual evita estos daños exigiendo que el dirigente renuncie para ser candidato, y exigiendo que, en caso de perder la elección popular, deba ganar una nueva elección en el sindicato para recuperar un puesto de dirigente. Una opción que podría agregarse es que los miembros del sindicato autoricen en un referendo o consulta extraordinaria a los socios, por una supermayoría suficiente -por ejemplo, 75% de todos los socios- y con votación secreta, a sus dirigentes para solicitar patrocinio para ser candidato a determinados partidos identificados, o para reunir firmas para postular como independiente. En esta alternativa, la ley también debería asegurar a los miembros del sindicato que frente al resultado de esa consulta deseen retirarse de él, puedan dejar de pagar cuotas a dicho sindicato. Esto es necesario porque a partir de esa consulta, debe presumirse que parte de las cuotas será destinada a sostener a un dirigente que redujo su dedicación y servicio gremial.
Todo lo anterior vale también para otras organizaciones, como clubes deportivos, cooperativas y gremios. Lo que está en juego es el abuso de una oligarquía de dirigentes; es decir, la democracia interna en los gremios.
Los partidos políticos son parte interesada en este debate, pues se beneficiarían directamente con el desvío en su favor de los recursos comunicacionales del gremio que capturen, a costa de los miembros que no simpatizan con el partido beneficiario. Por esto, la normativa sobre este tema debe permanecer sujeta a supermayorías; es decir, no debería estar en una ley simple.
Salvador Valdés Prieto
Señor Director:
Voto voluntario
En estos días hemos asistido a un gran debate público acerca de la reforma constitucional que establece un sistema de inscripción automática de los ciudadanos con derecho a voto en los registros electorales y la voluntariedad del sufragio.
Dadas las circunstancias, se trata de un proyecto de alto impacto. En efecto, de acuerdo a los cálculos del INE, durante 2008 la población en edad de votar alcanzó los 11.965.990 electores y los ciudadanos chilenos inscritos en los registros electorales ascendían a 8.110.265 a julio de ese mismo año. De establecerse la inscripción automática, se agregarían adicionalmente unos 3.855.735 electores, que representan un crecimiento de casi un 50% en el padrón electoral actual.
Precisamente, por ello es importante preguntarnos: ¿qué ha hecho que esos casi cuatro millones de posibles electores no se hayan inscrito por sí mismos? Y, más aún, ¿cómo se comportarán cuando lo estén, pero decidan si votan o no de modo autónomo?
Las razones de la indiferencia electoral son múltiples y van desde la falta de motivación hasta la desconfianza en la clase política.
Si ese trasfondo electoral no se revierte, es altamente posible que tengamos un padrón electoral de doce millones de inscritos, pero una cifra bastante más discreta que esa de electores dispuestos verdaderamente a votar.
La reciente dictación de la ley de acceso a la información pública, en esta perspectiva, puede ser una gran ocasión para demostrar un cambio de actitud, creando confianzas y credibilidad por parte de la Administración y demostrando con hechos concretos que la participación política vale la pena, pues el Estado se conduce con respeto al principio de transparencia y de probidad. De más está decir que el proceso de incorporación de este gran número de no inscritos al padrón electoral deberá ser de la forma más transparente, seria y profesional para no dejar duda alguna al respecto.
Los medios de comunicación, a través de los cuales el ciudadano se informa diariamente, pueden proyectar virtuosamente su función social, cooperando con la formación responsable del elector, asociando entonces su capacidad de transmitir noticias o de entretener con la de capacitar, abrir espacios de conversación y motivar.
Por su parte, las colectividades políticas tienen un gran desafío: renovar sus cuadros, conquistar a las generaciones que vienen -jóvenes que tienen en su gran mayoría vocación de servicio social, innumerables actividades en diversos grupos y organizaciones, que buscan ser motivados y conquistados, no forzados a participar-, incentivarlas para que voten libremente y ofrecerles un país con espacio para ellas.
Jaime Bellolio Rodríguez
Ex presidente Federación de Medios de Comunicación
