Señor Director:
Crisis en educación
Las empresas buscan mejorar constantemente la calidad de los servicios entregados. Es fundamental para su sobrevivencia, están insertas en mercados altamente competitivos.
Nosotros como usuarios evaluamos continuamente la calidad de los servicios que estamos recibiendo. Las empresas se esmeran por conocer nuestra opinión, y abundan las encuestas de satisfacción, que les permitirán corregir los desvíos muy a tiempo.
En última instancia los clientes tenemos un mecanismo muy efectivo para dar a conocer nuestra opinión. En este caso, no se plasmará en una encuesta, pero se verá reflejado en el estado de resultados de la compañía.
Ninguno de estos mecanismos que conducen a mejorar la calidad de los servicios opera en el ámbito de la educación. Resulta paradójico, ya que es de los servicios más relevantes que recibimos a diario y determinará buena parte de nuestra vida futura. En primer lugar, es muy difícil evaluar la calidad de la educación en el momento en que la estamos recibiendo. Esto se debe a que es un proceso de muy largo plazo, en el que inciden múltiples factores, pero también al tipo de usuario de la educación primaria y secundaria. Parte importante de los años que permanecemos en la sala de clases no tenemos el criterio ni la edad suficiente para evaluar la calidad de este servicio. El desempeño en la PSU, o en el campo laboral es un mecanismo objetivo de evaluación, pero demasiado tardío para tomar medidas correctivas.
Por otra parte, probar el servicio entregado por la competencia, compararlo con el que estamos recibiendo y optar por la mejor opción, resulta casi imposible cuando hablamos de educación.
Ante la ausencia de mecanismos de evaluación temprana por parte de los usuarios, cobra mayor relevancia cualquier sistema de evaluación externo, como el Simce. Incorporar nuevos contenidos y aumentar su frecuencia van en el sentido correcto. Esto permitirá diseñar estrategias para mejorar la calidad de la educación en nuestro país.
Camila Rendic, Académica Universidad de los Andes
Señor Director:
Caso Globovisión
La orden de captura dictada en contra de Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, deja de manifiesto la total falta de independencia y autonomía del Poder Judicial en Venezuela, tal como lo reconoce expresamente el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En Venezuela, la mayoría de los jueces y fiscales son nominados a dedo por Chávez, obviando el proceso concursal y utilizando un resquicio legal que le permite mantenerlos de forma provisional en sus cargos, totalmente dependientes de sus caprichos.
Muchos jueces han sido removidos por no aceptar las imposiciones del dictador y respetar el derecho al debido proceso de los imputados.
El 2 de junio, en una de las insufribles cadenas obligatorias de radio y televisión con que Chávez castiga diariamente a los venezolanos —hasta siete horas diarias duran algunas—, el Mandatario preguntó al aire cómo era posible que “este delincuente ande suelto”, junto con un peculiar análisis legal.
A los pocos días se dictó una orden de captura en contra de Zuloaga y su hijo, en el marco de un proceso por usura, en el cual desde febrero de este año no ha habido ninguna actuación de las partes, salvo que el juez había dejado sin efecto una orden de arraigo. Es decir, lo único nuevo son las acostumbradas instrucciones que Chávez imparte a la justicia a través de la televisión.
En Venezuela hay 28 presos políticos, personas honorables que, al igual que Guillermo Zuloaga, se niegan a callar frente a las amenazas del régimen, producto de lo cual se les inventan delitos, se los persigue judicialmente y se los encarcela.
Otros cientos son condenados por delitos de instigación, desacato y difamación, pero se les suspende condicionalmente la privación de libertad, para mantenerlos bajo amenaza.
Si la comunidad internacional no reacciona, no sólo se consolidará en Venezuela una odiosa dictadura, sino también el precedente de la inoperancia e ineficacia de los tratados internacionales de protección de los derechos humanos y de los organismos llamados a aplicarlos.
Luis Pardo Sáinz, Presidente, Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR)
Nota de Redacción: Cartas recibidas en la dirección de nuestro periódico o tomadas de otros medios escritos del país.