Señor Director,
Hace unos meses atrás, varios alcaldes fueron cuestionados por negarse
a la entrega gratuita de la píldora del día después a menores de 14
años sin la debida autorización de los padres, en los consultorios de
salud pertenecientes a sus municipios.
Hoy, son las farmacias las que están siendo obligadas a venderlas.
En una sociedad libre, el primer limite que tiene la acción del
Estado, es el derecho absoluto con que cuentan las personas, la
libertad de conciencia.
Fomentar el uso de una píldora abortiva se contrapone además con el
primer derecho humano, el derecho a la vida, conlleva a la perdida de
valores, incentiva la promiscuidad y las relaciones sexuales a
temprana edad y permite una indebida e inconstitucional intromisión
del Estado en la familia.
Sin embargo, lo más grave es que el gobierno pretenda obligar a las
personas a hacer aquello que no quieren hacer, violando también los
derechos a emprender y a la propiedad privada, estipulados
explícitamente en la Constitución Política del país.
La Carta Fundamental esta por sobre cualquiera ley y esta de ninguna
forma puede despojar a una persona, propietario o emprendedor de sus
derechos.
Lamentablemente, el ejecutivo una vez más transgrede los derechos
fundamentales de los chilenos avanzando rápidamente hacia una forma de
gobierno totalitario.
Atentamente,
Viviana Matus Rodríguez