Gratuidad universal: Una medida regresiva
A los que
firmamos esta carta nos asiste la convicción de que Chile no debe tener
gratuidad universal en la educación superior, por cuanto sería regresiva desde
el punto de vista de la distribución de los ingresos. Lo señaló el informe
"Tertiary Education in Chile", publicación conjunta de la OCDE y del
Banco Mundial el 2009, al decir: "Los sistemas de educación superior de
América Latina que continúan bajo la gratuidad son probablemente más regresivos
por la alta proporción de estudiantes de familias ricas que obtienen acceso a
las universidades públicas de mayor prestigio, sin contribuir a cubrir su
costo".
Creemos
que se debe profundizar la política de financiamiento estudiantil para que
ningún joven con la voluntad y los méritos, aunque sin los recursos, quede al
margen del sistema. Es en ese sentido que entendemos la educación como un
derecho que la sociedad no puede negar a nadie que reúna tales características.
Pero no nos parece que contribuye a la equidad social que quienes provienen de
familias de altos ingresos puedan acceder a estudios superiores sin pagar los
costos de educarse, en virtud de un subsidio público financiado con rentas
generales de la nación.
La medida
de esta inequidad queda de manifiesto al constatar que de acuerdo a la encuesta
Casen 2011, al considerar el gasto neto de ayudas del Estado en la educación
superior, la gratuidad para un estudiante del decil más pobre significaría, en
promedio, un subsidio público adicional de $ 675.000 por alumno, en tanto que
para el decil más rico sería casi cuatro veces más: de $2.471.000.
Por otra
parte, la gratuidad no asegura calidad, e incluso no es descartable que la
calidad se deteriore si la gratuidad, al suponer un aporte fijo del Estado para
pagar la docencia, deja desfinanciadas a instituciones que desean invertir en
mayor calidad. Creemos que es importante que las instituciones tengan libertad
para obtener recursos adicionales de otras fuentes; desde luego, de aquellos
que pueden pagar el costo de educarse. De igual modo, compartimos la necesidad
de velar por el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro en las
universidades, de tal suerte de agregar como una fuente de recursos la
reinversión de los excedentes.
En los
próximos meses el Gobierno enviará un proyecto de ley sobre gratuidad en la
educación superior. Hacemos un llamado a sus autoridades así como al mundo
político para reflexionar a fondo sobre sus alcances. La Presidenta Bachelet ha
señalado que bajo su mandato se avanzará en gratuidad hasta el 70% de menores
ingresos, dejando por ley instaurado el 100% para el 2018. Creemos que la
discusión de la ley en el Parlamento debiese acotarse solo a este 70%, poniendo
hincapié en que la ayuda del Estado debe focalizarse en los sectores más
vulnerables, lo que puede significar incluso ir más allá de ese porcentaje,
pero cautelando el que los sectores más ricos queden al margen de un esquema de
subsidios públicos. Finalmente, nos parece crucial que al financiamiento del
costo de educarse se añada un aporte en becas que financie gastos de
alimentación y transporte de jóvenes que abandonan los estudios debido a estas
carencias.
Mariana Aylwin, Joaquín Lavín, Juan de
Dios Vial C., Eduardo Aninat. Hugo Lavados, Andrés Bianchi, Bruno Philippi, Gonzalo
Edwards, Ignacio Irarrázaval, Francisco Rosende, Claudio Sapelli. Benjamín
Villena, José Pablo Arellano, Carolina Schmidt, Pilar Armanet, Javier
Etcheberry, Rolf Lüders, Vittorio Corbo, Rafael Bergoeing, Ronald Fischer, Jorge
Manzi, Joseph Ramos, Ernesto Tironi, Carlos Williamson, Harald Beyer, Luis
Riveros, José Joaquín Brunner, Alejandro Ferreiro, Felipe Morandé, Arturo
Fontaine, Andrea Butelmann, Francisco Gallego, Francisco Javier Núñez, Klaus
Schmidt-Hebbel, Sergio Urzúa. Claudia Martínez Alvear, Sergio Molina. Pedro
Pablo Rosso, Cristián Larroulet, Felipe Larraín, Jorge Rodríguez G., Eugenio
Tironi, Fernando Coloma, Pablo González, Ricardo Paredes, José Miguel Sánchez, Bernardita
Vial.
