Señor Director:
Impuesto a la comida chatarra.
Gran revuelo ha generado la posibilidad de incrementar en un 20% los impuestos a la comida chatarra dada a conocer por el ministro de Salud, doctor Jaime Mañalich.
La comida rápida desencadena en el cerebro respuestas similares a las que origina la adicción a las drogas, que se consume de forma compulsiva en ocasiones, originando placer. Un reciente estudio de la U. de Carolina del Norte arrojó que subir un impuesto de 18% a la comida chatarra ayudaría a bajar 56 calorías por día a un estadounidense promedio.
El pasado 10 de marzo, Rumania se convirtió en el primer país del mundo en tener un impuesto a la comida rápida. La actitud del ministro de Salud rumano, Attila Czeke, introdujo impuestos a los fast food y a la industria de queques y caramelos, snacks y papas fritas, y bebidas soda, excepto agua y jugos embotellados. Taiwán, en tanto, analiza la situación y, de ser aprobada, la moción de ley para adjudicar impuestos a estos productos entraría en vigencia en 2011.
La idea de gravar la comida chatarra con impuestos más altos podría llevar a desincentivar su consumo, y compensar lo que el Estado gasta en salud por obesidad y sus consecuencias. Sin embargo, ¿evaluarán los chilenos los beneficios de una medida como ésta? ¿Qué pasará con la venta de fast food en supermercados y minimarkets? ¿La decisión podría incluir, a futuro, la suspensión de “ganchos publicitarios” como el regalo de juguetes a niños en comida chatarra?
Doctora Eliana Reyes, Académica Universidad de los Andes.
Señor Director:
Inscripción electoral.
Me atrevo a opinar sobre el asunto de la inscripción electoral por cuanto me parece haber percibido opiniones transversales y en diverso sentido en el panorama político nacional. Es muy cierto que un niño recién nacido sólo tiene derechos y ningún deber. Seguramente no debería ser tan así en personas adultas.
Por eso, tiendo a pensar que si se diera la posibilidad de la inscripción automática, la votación debiera ser obligatoria. Con ella, la salvedad de que si alguien, en el uso muy legítimo de su propia libertad, quiere desafiliarse, pueda hacerlo. Ahora bien, como se comprenderá fácilmente, el que se desafilia renuncia al derecho de ocupar cargos en la administración pública.
Estaríamos así, por una parte, respetando la libertad de cada cual y, por otra, vinculando, en este caso que tiene que ver con personas adultas, un derecho con un deber. La sociedad democrática se constituye y se desarrolla gracias a la participación ciudadana y, a la vez, creando estrechos vínculos entre derechos y deberes.
Percival Cowley V., ss.cc.
