En los últimos 30 años, la Región Metropolitana incrementó su población en más de dos millones de personas, mientras que los hospitales construidos en este período fueron sólo dos. Se necesitan concesiones para mejorar la infraestructura, con un usufructo no a través de la gestión clínica, sino en negocios paralelos que tengan una regulación seria y responsable de nuestras autoridades.
El sistema de concesión de los hospitales, impulsado por el Gobierno tras la grave situación de infraestructura, acentuada aún más por los efectos del terremoto, no es una idea nueva: ya en los años 80 se crearon las corporaciones privadas de desarrollo que se hicieron cargo de hospitales, como el Paula Jaraquemada en Santiago.
Pero sabemos que se requiere una cirugía mayor en el sector: sobra personal en el ministerio, en la superintendencia y en los servicios de salud. Por el contrario, faltan funcionarios en la red asistencial, donde se sigue observando el triste fenómeno de pabellones, servicios de rayos y de endoscopia “muertos” en las tardes por falta de especialistas, y donde permanentemente se debe lidiar con un personal desgastado y poco motivado.
Los hospitales nuevos demoran años en concretarse desde su rimbombante anuncio en programas de candidatos a La Moneda, a veces son “abortados” como ocurrió con el proyecto “Salvador Infante” o postergados como ha ocurrido con La Florida y Maipú por eternos análisis de factibilidad.
¿Si las carreteras que usamos se construyeron con recursos privados, por qué negarse a hacer lo mismo con la salud pública? Necesitamos hospitales dignos y bien implementados para servir a quienes pierden su trabajo y deben cambiarse de una isapre a Fonasa, a los jubilados con rentas paupérrimas y a los inmigrantes de países vecinos.
Dr. Jaime Contreras Pacheco, Director Escuela Medicina U. Andrés Bello
Fui criado en la idea de que hombres y mujeres, en cuanto personas, son iguales y complementarios. Por experiencia de vida, he comprobado que las mujeres pueden ser más valientes, generosas y capaces que los hombres. Eso sí, dichas cualidades se dan indistintamente en ambos sexos y rara vez concurren todas en una misma persona. El que es bueno para una cosa, no tiene que serlo para todo lo demás. Generalmente, las mujeres son en lo físico menos fuertes, y de ahí lo de “sexo débil”.
He sido objeto de comentarios injustos, emitidos desconociendo la verdad de los hechos. Esos comentarios, en su mayoría, tienen inspiración política: no se puede criticar políticamente a la ex Presidenta Bachelet sin ser castigado. Todo sirve a los nostálgicos del antiguo régimen de prebendas y abusos de los fondos públicos: desde la impúdica moralina de género al acompañar a la Selección en Sudáfrica.
Quienes quieran mejorar la cosa pública, no deben dejarse amedrentar por aquellos que hoy tienen una coexistencia política forzada, teniendo un solo y triste factor que los amalgama: hacer fracasar al nuevo gobierno. Debemos cerrar filas para que se conozca al gobierno anterior en todo lo débil y malo que tuvo. Caso contrario, dentro de tres años volverán la señora Bachelet y los que se esconden detrás de ella.
Difícilmente podría encabezar esta carta con un “respetada” o “apreciada”, dado que su condición actual frente a los colombianos no da para tanta diplomacia.
Bien complicado es para una ciudadana normal como yo, digerir sin indigestarse su última gran idea que tiene convulsionada, indignada y asqueada a la opinión pública. Me encantaría realmente poder hablarle de frente y expresarle la profunda antipatía que millones de colombianos estamos sintiendo por usted. Pero gracias a internet, estoy absolutamente segura de que terminará leyéndome, quizá en la intimidad de su habitación o tal vez frente a sus igualmente desvergonzadas madre y hermana.
Quiero decirle que no solamente estamos viéndola como el ícono del cinismo y la desfachatez si no también como la prueba fehaciente de que su oportunismo no tiene límites y de que la vergüenza no es una palabra que usted conozca en ningún idioma. Y, una vez más, como en ese febrero de 2.002, usted se equivocó. Si señora, se equivocó de cabo a rabo, porque los colombianos unidos hemos demostrado que no nos arredramos ante ningún tipo de delincuencia. Y usted es una vulgar delincuente oportunista. Más chanchullera terminó siendo que sus captores. Por lo menos con esos terroristas sabemos a qué atenernos, pero no hay nada peor que la condición subterránea de quien aparenta decencia y es solamente un vulgar y desvergonzado ladrón.
Que usted necesite plata es una cosa y otra bien distinta es que quiera arrebatársela al más pendejo. Demandar al Estado colombiano por su secuestro y sus consecuencias es algo que solamente cabe en su cabeza y en la de las dos hienas femeninas que la acolitan. De dónde sacó usted que los impuestos que pagamos los colombianos deben ir a su cuenta bancaria en retribución por su irresponsabilidad y sus ansias de protagonismo? ¿Cómo llegó usted a la conclusión de que la gratitud por un rescate que usted calificó como “perfecto” es traicionando a un país que marchó por usted y lloró de alegría el día en que el Ejército Nacional de Colombia la trajo a la libertad sin haber disparado un solo tiro? Dígale a su mami que es mejor quedar mal que quedar peor y que así quietecitas como estaban en Francia, era mejor. A los colombianos ya se nos estaba olvidando el show de odio y de mentiras que ella montó contra Colombia a causa de su absurda terquedad. También se nos estaba olvidando que fue usted misma quien propició su secuestro, empeñándose en ir a donde las fuerzas de seguridad le advirtieron no ir.
Su afrancesado talante no nos convenció nunca, Ingrid. Usted fue colombiana hasta que le convino y se convirtió en ciudadana francesa para que su familia pudiera denigrar de Colombia y su gobierno hasta el cansancio. No se nos olvida que rajaron de todo el mundo menos de los que la secuestraron. No se nos olvida que agradecieron a Chávez, Correa y Kirchner y lánguidamente a Uribe que fue el promotor de su libertad.
Por qué no demanda a su mami por esos genes tan torcidos que le dio? Por qué no demanda a Chávez por no haber intercedido en su favor frente a sus cómplices? ¿Por qué no demanda a Alfonso Cano, Iván Márquez y al Mono Jojoy? ¿Por qué carajos quiere mandarnos la mano al bolsillo de la manera más cínica y grotesca?
El sentimiento general de repudio es tal que en este momento desearíamos que usted jamás hubiera sido rescatada, porque si a alguien corresponde indemnizar por el sufrimiento de muchos es a USTED, descarada desagradecida.
En Francia le comen cuento. Usted se los tramó con “La Rabia en el Corazón”, que es la misma que estamos sintiendo al ver la manera como quiere asaltarnos. Su mamita los convenció de que usted era LA supercandidata presidencial, cuando en realidad su popularidad aquí valía menos que tres centavos. Su familia popularizó su secuestro en Europa poniendo a la comunidad internacional en contra de Colombia como si el Estado la hubiera raptado y callaron tímidamente la rampante verdad de que las FARC eran quienes se la habían trasteado, poniendo en absoluta responsabilidad del gobierno colombiano su libertad.
Calificativos para gentuza como usted hay muchos Ingrid, pero usted es la perfecta bruja arpía, capaz de pasar por encima de quien sea para lograr lo que quiere. Y lo que quiere es plática, de nuestro trabajo. ¡A ver!
A mi me importa un carajo lo que usted haga en Francia. Si la mantiene Sarkozy, si vende un libro o si se levanta un amante millonario. Poca falta le hace usted a Colombia, pero si se viene lanza en ristre a atracarnos, se estrelló contra el mundo otra vez, porque ese robo no lo vamos a permitir.
Sus pretensiones siempre van más allá de lo que la decencia permite, Ingrid. Qué hipocresía tan teatral la de sus declaraciones en el reciente aniversario de su rescate. Qué caradura. Visto está, lo que se hereda no se hurta, hijas de tigre salen pintadas, la perversión de su mamá elevada a la n potencia en usted. Ladronas desagradecidas.
Lleve la vida que le de la gana en París, pero no con nuestra plata, esquílmesela a otros, levántesela trabajando o como prefiera, pero ese zarpazo que le acaba de mandar a la Nación, no va a prosperar, a menos que la justicia de este país termine por demostrarnos categóricamente que es la más injusta del mundo.
Maritza Castrillón Silva, ciudadana colombiana.
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Señor Director:
¿ Reforma del Estado?
Llevamos ya al menos una década y media de periódicos escándalos de corrupción e ineficiencia crónica en el aparato público y todo sigue igual. El fraude a la población chilena ha sido gigantesco de parte de nuestra clase dirigente, que hasta hoy no ha mostrado ni el coraje ni la determinación para ponerle el cascabel al gato.
Leyes de probidad, decretos de transparencia, Alta Dirección Pública y otras medidas similares, han mostrado ser inútiles. Nuestro gobierno, por cierto, se engaña si cree en el poder de más leyes para atacar el problema de fondo. Y es que, como bien advirtió Milton Friedman, nadie administra el dinero ajeno con el mismo cuidado con el que administra el propio y nadie persigue los intereses de terceros con el mismo celo con el que persigue los propios.
La conclusión es simple: lo que debemos hacer, más que reformar, es reducir drásticamente el tamaño de nuestro Estado despilfarrador, devolviendo a los chilenos el dinero que les pertenece. Ellos sabrán administrarlo mejor que nuestros políticos y burócratas.
Axel Kaiser.
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Señor Director:
Debate sobre el aborto.
La carta publicada ayer por el Dr. Juan Pablo Beca en este medio ( El Mercurio) señala a mi juicio una cierta forma de ver la bioética, que prescindiendo de un fundamento real y objetivo, genera la suficiente ambigüedad para dejar en manos del “consenso social” de turno, la vida humana indefensa. La historia reciente de la humanidad aún nos recuerda la Segunda Guerra Mundial y los atentados contra la vida humana fruto de la experimentación en seres humanos por parte de los nazis. De esta experiencia la humanidad ha conformado el legado de los derechos humanos como paradigma jurídico y ético de que no todo lo técnica o políticamente posible, a lo que deberíamos agregar hoy no todo lo “socialmente consensuado” es éticamente aceptable.
Debemos, por tanto, señalar con toda certeza que la bioética o reconoce los límites en ámbito biopolítico y biojurídico de la técnica frente al valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, o cae en la tentación de transformar los instrumentos en fines propios, y por tanto a la vida humana en mercancía al arbitrio del poder científico, político, económico o de cualquier otra índole.
El aborto procurado es siempre un atentado contra la vida humana, no podemos luego de las atrocidades cometidas en el pasado, volver a repetir el error de no reconocer la dignidad de la persona en cada ser de la especie humana, so pena de cometer nuevas formas de discriminación e injusticia.
No podemos darnos el lujo como diría Albert Einstein de renegar del uso de la razón, ya que “La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa”.
Dr. Cristián Vargas Manríquez, Director Instituto Superior de Bioética
El 8 de Julio recién pasado la Sala Penal de la Corte Suprema emitió su resolución en el denominado “Caso Prats”, después de 8 meses de haber visto esta causa, y haber sido alegada por las partes.
Sería muy largo hacer un detallado análisis de esta resolución que se dicta después de 36 años de ocurridos los hechos en Argentina, y después de más de siete años de investigación y proceso en Chile. Antes se había realizado un proceso en Argentina.
Poco serio y creíble sería que en estas breves líneas estampara mi opinión personal en relación a las condenas en comento. Es por eso que dejaré constancia solo de expresiones vertidas por dos ministros de la Corte Suprema de nuestro país, que estudiaron estos casos en su debida oportunidad.
El ministro Jorge Rodríguez Ariztía fue el encargado, por la Corte Suprema, de estudiar las solicitudes de extradición del gobierno Argentino, por el asesinato de los esposos Prats en Buenos Aires, cometido por el ciudadano norteamericano Michael Townley. En mi libro “En las Alas de Cóndor”, publicado recientemente por la Editorial MAYE, se encuentra bien detallada la resolución de ministro Rodríguez y antecedentes del juicio realizado en Argentina, como así mismo el juicio iniciado en Chile el año 2003 por el ministro Alejandro Solís.
Al proponer en su resolución negar las solicitudes de extradición, en más de cuarenta “CONSIDERANDOS”, el ministro Rodríguez deja constancia, entre otros aspectos, que:
- “No es posible adquirir la convicción de que Michael Vernon Townley, antes del 30 de Septiembre de 1974 (fecha del atentado), haya tenido vinculación con los requeridos de extradición, de modo de formar con ellos una asociación ilícita para matar al ex general Prats, pues ha quedado esclarecido, por las propias declaraciones de Townley, que empezó a prestar servicios para la DINA en noviembre o diciembre de 1974, en labores meramente técnicas, de muy escasa relevancia y consideración”
- “No nos olvidemos que el propio testigo, Fiscal de EE.UU. en el Caso Letelier, afirmó en enero de 1979, en audiencia judicial, que Townley ingresó a la DINA en noviembre de 1974. O sea, dos meses después del atentado”
- “La justicia argentina nunca procesó, ni acusó, ni condenó a Townley por ‘asociación ilícita en concurso real con el delito de doble homicidio’. Si no se procesó al reconocido autor de los homicidios, ¿por qué se procesó a los supuestos integrantes de la asociación ilícita?”
- “En cuanto el auto de procesamiento del tribunal argentino se refiere a la demora en otorgamiento por el Consulado de Chile en Buenos Aires de pasaportes ordinarios que habrían solicitado los cónyuges Carlos Prats y doña Sofía Cuthbert con el objeto de viajar a Brasil, no existen indicios de ninguna especie que vincule a los requerido en autos, a dicha tardanza”. (El tribunal argentino imputa a los solicitados de extradición la demora en la entrega de los mencionados pasaportes).
- “Que en lo que toca a los seguimientos y amenazas telefónicas, que según el auto de procesamiento del tribunal argentino, habría experimentado el general Prats con anterioridad a su homicidio, no existen indicios de ninguna especie que vinculen tales seguimientos o amenazas con los procesados”
- Que del examen y análisis de todos los antecedentes anteriormente referidos, este Tribunal concluye que, de conformidad a la legislación chilena, del auto de procesamiento dictado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 1 de la Capital Federal de la República Argentina, no pueden inferirse presunciones múltiples, graves, precisas, directas y concordantes, que conduzcan a acreditar que los ciudadanos chilenos, hayan tenido participación en la comisión de los delitos por los cuales han sido procesados y que han motivado la solicitud de extradición tramitada en los presentes autos”.
El ministro Rubén Ballesteros, integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema que resolvió las condenas, en su voto disidente estuvo por acoger la prescripción de la acción penal y absolver a los acusados, teniendo presente, entre otras, las siguientes consideraciones:
- “De los antecedentes consta que los delitos, tanto los de homicidio calificado, como de la asociación ilícita, se perpetraron durante el año 1974, y el inicio de la investigación e inculpación directa en contra de los sentenciados se produjo el 7 de enero de 2003, habiendo transcurrido entonces más de veintiocho años, encontrándose, por tanto, extinguida la responsabilidad penal de los enjuiciados”.
- “No es posible sostener que en Chile, a la data de los hechos, existía un ‘conflicto armado no internacional’, en términos que no resultan aplicables los Convenios de Ginebra a los hechos punibles en estudio. (El ministro Ballesteros en más de cuatro páginas fundamenta detalladamente esto que asevera)
- “La Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968 no ha sido suscrita ni aprobada por Chile hasta la fecha, en consecuencia, no resulta aplicable ni a la fecha de comisión de los ilícitos, ni en la actualidad y, por tanto, no ha tenido la virtud de modificar ni tácita ni expresamente las normas sobre prescripción contempladas en el Código Penal”.
- “El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es ley de la República de Chile desde la publicación de la ley Nº 20.357 el 18 de Julio de 2009, y en ella se tipifican los Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, y su Artículo 44 establece que los hechos que trata la ley, cometidos con anterioridad a su promulgación, continuarán rigiéndose por la normativa vigente en esos momentos”.
- “Los delitos que se han investigado, y se encuentran en vía de sanción definitiva, no son de lesa humanidad, y no les resulta aplicable la legislación internacional, por consiguiente, no se ve obstáculo para aplicar la causal de extinción de la responsabilidad penal de la prescripción”.
CONTEXTO DE LO EXPRESADO POR LOS MINISTROS RODRÍGUEZ
Y BALLESTEROS.
1.- No pudo haber asociación ilícita entre el autor confeso Townley, y los hoy condenados, si no conocía a estos cuando efectuó el atentado a los esposos Prats. Por otra parte, la Dirección de Inteligencia Nacional fue creada por el D.S. 516 del año 1974; sus integrantes no pertenecían a una asociación ilícita, y fueron destinados a esa organización del Estado en forma oficial.
2.- En la investigación por la extradición solicitada por el gobierno argentino se concluyó que, los hoy condenados, no tuvieron participación en la comisión de los delitos por los que fueron procesados en ese país.
3.- Se condenó a chilenos por asociación ilícita y por homicidio de los esposos Prats, y no se condenó por estos delitos al autor confeso Michael Townley; y a la coautora, Mariana Callejas, solo se le da una pena con la medida alternativa de la libertad vigilada.
4.- El proceso conducido en Chile, no aportó mayores antecedentes que los investigados y entregados por el tribunal argentino.
5.- Los tratados internacionales no tienen jurisdicción sobre la Constitución y las leyes chilenas. Los Convenios de Ginebra no son aplicables a la situación chilena posterior al 11 de septiembre de 1973. Los crímenes de lesa humanidad no existen para los hoy condenados; estos solo se pueden aplicar a partir del 18 de Julio de 2009.
Lo concluido por los Ministros Jorge Rodríguez y Rubén Ballesteros en relación al Caso Prats es confirmado por numerosos constitucionalistas y penalistas de nuestro país, y que sería largo detallar. Antecedentes legales que son aplicables a la mayoría de los casos por los que son procesados y condenados integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden.
¡Una demostración más que ratifica la existencia en Chile de presos políticos militares!
