Señor Director:
Uso de la mentira.
Quiero llamar la atención acerca de los resultados de una encuesta que aparece en la edición del miércoles del cuerpo de Deportes, con relación a la excusa que inventarían los chilenos para ver los partidos de la Selección de fútbol por televisión. Las respuestas son variadas, desde expresar que los afectó una panne hasta poner un aviso de bomba en el trabajo para irse a la casa. La verdad es que todas las respuestas envuelven una excusa no muy novedosa, poco creíble, o derechamente mala, pero que al final de cuentas son mentiras. Nadie contestó “diría la verdad” o bien “pediría permiso”. La encuesta refleja lo que ya se había publicado en este medio: lo bueno para mentir que somos los chilenos. Ello es preocupante, particularmente para los nuevos sistemas procesales que, como son orales, asignan a la prueba de testigos un valor decisivo para llegar a la verdad procesal.
Acerca, precisamente, de la prueba de testigos, conociendo bien el alma nacional, don Manuel Montt, en el mensaje del Código Civil, expresa que respecto a la prueba de las obligaciones, se hace obligatoria la intervención de la escritura en desmedro de otras pruebas, recogiendo legislaciones de Francia y Portugal, países en que está limitada la prueba de testigos, produciendo saludables efectos: “No hay para qué deciros la facilidad con que por medio de declaraciones juradas puedan impugnarse los más legítimos derechos. Conocida es la existencia de una clase infame de hombres que se labran un medio de subsistencia en la prostitución del juramento”.
Fuertes y claras las expresiones del Presidente Montt, pero reflejan el grave defecto que nos aqueja, y que con el transcurso del tiempo no hemos superado, como lo denotan las respuestas dadas a la simple pregunta que se formuló en Deportes, y sería bueno que quienes elaboran los sistemas procesales tengan en consideración este desvalor nacional.
Ignacio Letelier Morán.
Señor Director:
Impuesto al alcohol.
Muchos países en que el Estado paga una parte importante de los costos de salud de su población —como el plan AUGE— suben el impuesto a las bebidas alcohólicas para reducir su consumo. Con ello los gobiernos recaudan más impuestos y a la vez mejoran la salud de sus poblaciones. La dependencia alcohólica disminuye en 10 años la vida de una persona, mientras que un cuarto de la vida productiva de una población se pierde por el consumo excesivo de alcohol. La mitad de la violencia intrafamiliar y un gran porcentaje de los accidentes en carreteras están asociados al consumo de alcohol. De hecho, ya los productores de cerveza nos han ayudado a educar a nuestra población. Todavía podemos hacerlo mejor. Como lo indica el Dr. Alfredo Pemjean en su carta del 25 de abril, un aumento en el precio de las bebidas alcohólicas por un mayor impuesto sería traspasado al consumidor. Además las personas que expenden estas bebidas alcohólicas aumentarían su margen de ganancia. Como dice Pemjean, “nadie pierde; muchos chilenos ganan”. Más aún, una “denominación de origen” de nuestros mostos incluso podría beneficiar a la industria y podría ayudar a protegerla con impuestos temporales proporcionalmente menores para aquellos se sufrieron pérdidas recientes. Si este fuese el momento de proponer medidas impositivas para pagar por los daños de nuestro gran sismo y maremoto, y a futuro, sugiero a nuestros gobernantes mirar el gran problema de salud que causa tan sólo esta droga legal.
Yedy Israel, Ph.D. Profesor, Univ. de Chile, Ex Presidente Sociedad de Investigaciones en Alcoholismo, EE.UU.
Señor Director:
Nostalgia
Ni con toda la tecnología implementada en el Transantiago se ha podido regular la frecuencia de las micros con la eficiencia con que la regulaban los “sapos”. Tal vez sea el tiempo de evaluar seriamente su reinstalación y reconocer que, al menos por ahora, la tecnología no ha podido sustituir el trabajo humano.
Manuel José Errázuriz Tagle, Abogado.
