Señor Director:
¿Y ahora, dónde está su corazoncito?
Cuando la intervención electoral era una evidencia, durante la última elección presidencial, el ex-presidente Lagos decía, que todos sabían "donde estaba su corazoncito", indicando con ello que su preferencia electoral, estaba con la Sra. Bachellet. Por eso me pregunto, dónde estará ahora el corazoncito del ex-presidente, que hace imputaciones a la actual mandataria sobre la mala forma de implementar el Transantiago.
Hace mucho tiempo, que se debió tomar medidas correctivas estructurales al sistema. Se construyó un diseño, sin consultar a la gente, que son los principales actores en este problema. Nada se hizo con gente de experiencia, razonables y con capacidad de escuchar. Hoy, el resultado es el peor escenario para la gente, para el gobierno y también para la hacienda pública.
Y ¿quién responde por todo esto? ¿De qué forma se ejerce las responsabilidades civiles por los daños ocasionados?
Hay que distinguir entre una catástrofe y una negligencia culposa. La primera es el resultado de un acto involuntario. La segunda, es producto de la irresponsabilidad, mal ejercicio del cargo o incapacidad técnica para ejercerlo, con riesgos graves para terceros.
Se hace imperioso caducar las concesiones ahora, por incumplimiento, abrir un poder comprador de buses, subir las tarifas a niveles actuales en el resto del país y re-organizar una empresa estatal de transporte público, que permita controlar en un 100% la actividad, hasta que ella se ejecute con normalidad y aceptación por parte de los usuarios.
Claramente habrá costos económicos, políticos y sociales, pero hay que enfrentar el problema con coraje, verdad y capacidad técnica, para el bien de la comunidad.
Mario Perez.
Señor Director:
SEPTIEMBRE, MES DE LA CUECA
Cuando aún resuena el eco de las reacciones varias que hubo frente al trascendido del fallo del Tribunal Constitucional que prohibió la distribución de la bullada píldora del día después en los servicios públicos de salud, que remeció el ambiente a comienzos de abril pasado, el retropróximo sábado 30 de agosto sucedió algo parecido con la filtración del fallo que declara inconstitucional el préstamo de US$ 400 millones que se pidió al BID para ir en auxilio del Traga-traga Bip-bip, saliendo a luz pública, además, el hecho de que el ministro de Transportes René Cortázar se había reunido antes con el Presidente del TC Juan Colombo, quien manifestó que el Secretario de Estado le había planteado que el Gobierno estaba muy preocupado por esta causa, de una parte; y de otra, que lo había recibido como hace con todos quienes le piden audiencia, haciéndome recordar la misma explicación que diera en su oportunidad el entonces Fiscal Nacional Guillermo Piedrabuena por recibir al entonces senador Jorge Lavandero, cuando la investigación en su contra por eventuales abusos sexuales a menores empezaba a tomar vuelo, a todas luces una imprudencia tanto de una, como de otra parte, y que bien puede calificarse como un patente tráfico de influencias o presión indebida, resultando poco creíbles -por decirlo de una manera elegante- las declaraciones que hacen nuestras autoridades sobre la independencia que caracteriza -“post dictadura”- a las instituciones del Estado en el desempeño de sus funciones. En estas dos situaciones, fueron directos. En el caso Mop-Gate, que afectó a la ministra Chevesich, fue indirecta, ¡por razones obvias!: el actor se presentó ante ella en nombre del más alto de los afectados, dándose el dilema de ¿quién mentía o mintió, ella o él?
De otra parte, como “haciendo gala” de que el Gobierno “no comenta los fallos” -en este caso, sus trascendidos-, el ministro Secretario General de la Presidencia José Antonio Viera-Gallo (PS) -ex senador, además- fue enfático al señalar al diario “La Tercera”, desde Nueva York: “Creo que es muy malo para la política exterior de Chile y en ese sentido no creo que haya sido una resolución afortunada. Chile tiene un gran prestigio internacional, estableció un crédito con un organismo que confió en el país, esa institución de crédito contrató importantes estudios jurídicos de la plaza que aseguraron que estaba conforme a derecho y el contralor tomó razón de los decretos respectivos. Entonces, hubo suficientes garantías ante el organismo de crédito internacional de que las cosas se hacían conforme a la ley”.
Para amenizar aún más el panorama, se suma a estos comentarios ni más ni menos que el ex Presidente Ricardo Lagos, sosteniendo que este préstamo es “entre privados”, como quien dice: “Es entre el BID y la señora Juanita”, en donde Chile -el Estado o el Gobierno de Chile- no tiene ninguna participación ni responsabilidad (?), hecho que, en consecuencia, no le daría competencia al TC para conocer de ninguna reclamación al respecto.
Frente a esta irrisoria jugada al “poroto en paila marina” de don Ricardo Froilán, el Presidente del TC le recordó que la competencia “es clarísima y fue justamente la modificación que se hizo durante su gobierno la que le dio nuevas atribuciones”, hoy plasmadas en su imperfecta Constitución, como resultado de las bulladas reformas concretadas en 2005. Vid.: el Nº 16 del art. 93, más su antepenúltimo inciso, y el efecto contemplado en el inciso tercero del art. 94, porque al parecer -considerando, entre otras, las declaraciones del ministro Viera-Gallo- Chile -el Estado o el Gobierno de Chile- no tan sólo está actuando como “tramitador” de este préstamo ante el BID, sino también si no como “deudor directo”, al menos sirviendo como “aval” del Transantiago, directa o indirectamente, y siendo así, nuestra autoridad debe ceñirse a lo dispuesto en el Nº 7) del artículo 63 de nuestra Carta Fundamental: “Sólo son materias de ley” … y, por ende, “no de decreto”, por mucha “toma de razón” que haga de él la Contraloría General de la República, en este caso el Decreto Supremo Nº 45, de este año, de Transportes.
Aprovechando esta poco afortunada intervención del ahora supra vulgo ciudadano Lagos -quien nos recuerda “la intuición” de la señora doña Michelle, de la cual yo he hecho una majadería, innegable-, el senador Adolfo Zaldívar, Presidente de la Cámara Alta -“segunda autoridad política de la Nación”-, recordándole la ineludible responsabilidad política que le cabe tanto en esta “chambonada”, como en EFE y demases, le recomienda “mantenerse callado” … más mejol, porque muchas veces quien explica … se complica. ¡Histórico!
Así las cosas, bastante complicado -y lamentable para el país- le está resultando tanto al histórico Gobierno Ciudadano de nuestra intuitiva socialista Presidenta Michelle Bachelet -no exento de ineficiencias ni de ineptitudes-, como a esta des-Concertación allendistadecé reinante -que sigue unida sólo por el poder-, esto de gobernar apartándose de nuestra Constitución Política -versión 2005-, de gobernar salvando una resolución exenta con la dictación de un decreto supremo y/o salvando un decreto supremo con la dictación de una ley particular -como debería darse en este caso o no ser que el Gobierno recurra al 2% del Presupuesto contemplado en el Nº 20º del art. 32 de nuestra Carta Fundamental-, por mucho que alegue en su defensa que el beneficiario directo de la pildorita y del transporte público es el pueblo, para mejorar la calidad de vida de los más vulnerables, de los más postergados, de los más humillados, de los más golpeados en su dignidad.
Préstamos pa’l Transantiago: primero el otorgado por el Metro (?); segundo, el del BancoEstado con aval de la Corfo (?), y ahora ¿el préstamo otorgado por el BID, “condicionado” a un plan de acción, a la supervisión de una consultora externa y al respeto, por parte del Transantiago, de normas ambientales claras y precisas? Ya no corre, es … ¡inconstitucional!, confirmación hecha ayer por el TC, sutilmente presionado por el Gobierno para darlo a conocer a la mayor brevedad, con todo el respeto que merece dicho alto Tribunal, por cierto.
Atentamente,
Jorge Saavedra Moena, c.i. 6.015.115-6
