Exonerados políticos
Señor Director:
Agradezco a la señora Marta Joignant, directora del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político del Ministerio del Interior, que haya respondido mi carta publicada en la edición del pasado domingo. Creo que es la primera vez que la opinión pública tiene conocimiento de que la información aludida se encuentra disponible en Internet. Seguramente, esto servirá para despejar dudas o para dar sustento a legítimas preguntas respecto de cómo se ha manejado este programa. Y esta preocupación no tiene relación con poner en cuestión la necesidad de "reparación previsional que ayuda en forma modesta a muchos chilenos que sufrieron despidos por razones políticas", como manifiesta la señora Joignant, tema que no está en cuestión, sino con la calidad efectiva y la transparencia respecto de los antecedentes de exoneración de los beneficiados y el correcto uso y desembolso de los dineros fiscales.
Y sobre lo de lo anterior, tan sólo una breve lectura de algunas páginas de la lista de beneficiarios de la Ley 19.234, puesto que no dispongo de los medios para hacer un estudio exhaustivo de toda la información disponible y efectuar los cruces de información necesarios, me sorprendió encontrar entre los beneficiados por la ley antes aludida a María Cecilia Labrín Saso, que aparece con fecha de exoneración el 11 de septiembre de 1973, y con fecha de inclusión en la lista de beneficiarios el 27 de junio de 2002.
De acuerdo con el "Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación", tomo III, página 208, se lee lo que sigue:
"María Cecilia Labrín Saso, detenida desaparecida, agosto de 1974. María Labrín, de 24 años de edad, soltera. Se encontraba embarazada al momento de ser detenida. Se ignora el desenlace de su embarazo. Se desempeñaba como asistente social en una empresa. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Fue detenida el día 12 de agosto de 1974 en casa de su madre por agentes de seguridad. Desde la fecha de su detención se encuentra desaparecida".
Sería conveniente explicar lo anterior.
PEDRO ALEJANDRO MATTA
Señor Director:
Según la ultima encuesta del L y D, en el último mes se cometieron 229.327 delitos que equivalen a 7,444 diarios. De estos solo un 40 % fueron denunciados a las instituciones correspondientes por existir un temor generalizado en las victimas sobre las represalias de los delincuentes.
En muchos sectores, las personas se han auto impuesto toque de queda, encerrándose a tempranas horas en fortificadas viviendas con el temor de que si salen serán asaltadas o quizás muertas.
El 70% de los chilenos cree que no hay resultados positivos en el combate contra la delincuencia y han evaluado deficientemente con nota 3.9 la gestión del ejecutivo en Seguridad Ciudadana.
El flagelo y grave aumento de la delincuencia que afecta el país reclama una actitud firme, sin más privilegios, perdonazos, indultos para los delincuentes, de parte del gobierno con una política pública clara y también de los otros poderes del estado. No existe estado de derecho si se esta amenazada la libertad y la seguridad individual.
Viviana Matus Rodríguez
Magíster en Ciencias y Educación Multilingüe
Directora CEOC
