Pena de muerte.
Señor Director:
La carta del diputado Felipe Harboe criticando a quienes hemos planteado la necesidad de restituir la pena de muerte en nuestro Código Penal, además de injusta, plantea conclusiones que sorprenden por su condición de ex subsecretario del Interior, encargado de la seguridad pública.
Cuando en el año 2001 se aprobó la derogación de la pena de muerte, la UDI y la mayoría de los parlamentarios de RN nos opusimos a la iniciativa, pues consideramos, y así lo hicimos saber a la opinión pública y al gobierno, que luego de una década de aumento sostenido de la delincuencia, una señal de esa naturaleza, lejos de solucionar el problema, lo agravaría.
En consecuencia, en diciembre de ese mismo año, varios diputados de la Alianza presentamos un proyecto para reponer la pena capital en el Código Penal, aplicable únicamente para quienes cometieran los crímenes de homicidio y violación de niños y niñas menores de edad. Tiempo después esa moción fue archivada, pues no obtuvo el apoyo del gobierno.
El miércoles pasado reingresamos a la Cámara de Diputados ese proyecto, porque ante el impacto y dolor que ha causado a su familia y a todo el país el horrendo crimen de Francisca Silva, consideramos pertinente reiterarle al Gobierno, con responsabilidad y en uso de nuestras atribuciones como legisladores, la necesidad de que el sistema penal chileno contemple la pena capital ante casos excepcionales. El diputado Harboe puede tener la tranquilidad de que los chilenos sabrán distinguir muy bien entre las medidas efectistas, demagógicas y que buscan ganarse la simpatía de ciertos sectores y la justicia que en los últimos años pareciera no estar a disposición de miles de víctimas de la delincuencia.
No hay inconsecuencia en nuestra actitud pro vida y, por tanto, contraria al aborto en cualquiera de sus expresiones, y pedir la reposición de la pena de muerte. Una de las principales razones para rechazar el aborto es la total indefensión de la víctima y el hecho de que se le está negando la posibilidad de nacer. La pena de muerte se aplica, precisamente, a un adulto con plenas facultades, que ha tenido la oportunidad de elegir entre el bien y el mal y que ha actuado de manera deleznable en contra de un niño indefenso.
María Angélica Cristi Marfil,
Diputada.