Señor Director:
En algunos días más cumplirá su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados la “Reforma previsional”. La prensa no ha cubierto el tema en profundidad, probablemente por lo técnico y complejo de muchas de sus disposiciones. Por ello me ha parecido importante dar a conocer algunos de los principales cambios que introduce esta ley.
El corazón de la ley es que fortalece lo que se ha llamado el “pilar solidario”; es decir, las pensiones que recibirán aquellos chilenos que, por diversas razones, no hayan acumulado a lo largo de su vida laboral un saldo importante en su cuenta de AFP (“pilar contributivo”), que les permita autofinanciarse una pensión. En régimen nadie recibirá una pensión menor a los 75 mil pesos mensuales (beneficio por persona) y el Estado subsidiará las pensiones en forma decreciente hasta los 200 mil pesos mensuales de pensión. El costo de este “pilar solidario” será de un 1% del PIB en régimen.
Se beneficiará al 60% de los adultos mayores de menores ingresos del país, hombres y mujeres sobre 65 años. ¿Quién los elegirá? Funcionarios del gobierno de turno, sin que hoy exista un instrumento técnico objetivo que permita identificar a ese 60%. Es decir, estamos frente a un riesgo evidente: que ese 60% sea elegido con criterios políticos y electorales, y no en base a indicadores de pobreza. Hasta ahora la Concertación ha sido reacia a adoptar una institucionalidad que nos dé garantías a todos que la selección de ese 60% de beneficiarios se hará con parámetros objetivos. Chiledeportes nos parecerá un juego de niños ante un mal uso de recursos en el “pilar solidario”.
Otros cambios importantes de esta ley son:
1. El Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que hoy cuesta más o menos un 1% del sueldo imponible; lo pagará el empleador, y no el trabajador, como ocurre hoy. La izquierda aplaude esta medida a rabiar y la usa como una bandera de la justicia. Sin embargo, lamentablemente, será el mercado, y no la ley, el que determinará quién efectivamente pague el SIS en el futuro. Desde luego, al no fijarse el sueldo líquido, es posible que los empleadores le transfieran en el futuro al trabajador parte o todo el costo del SIS. Además, se espera que el SIS suba sustancialmente de valor, pues cubrirá más riesgos y su modalidad de licitación cambiará, todo lo cual aumentará su costo. Algunos estiman que su costo subirá en 30%. Si éste lo asume el empleador, afectará negativamente el empleo.
2. Se creará una red de oficinas públicas atendidas por funcionarios del Estado destinadas a atender a los usuarios del sistema previsional conocidas como las Capri. Estas oficinas podrán atender clientes de las AFP y participar en la intermediación de rentas vitalicias. Los riesgos de corrupción son evidentes, pero no parecen preocupar a las autoridades.
3. Se elimina en esta ley la comisión fija por mantener una cuenta de AFP. Nuevamente la izquierda hace alardes de la “justicia” de esta medida, pero no dice que ella quitará los incentivos para afiliar y dar servicios a los trabajadores de menores salarios y concentrará el esfuerzo comercial de las AFP en los afiliados de mayores ingresos. No habrá AFP en lugares poco poblados y de bajas rentas.
Julio Dittborn, Diputado
Carta enviada a Diario El Mercurio, el 11 de Agosto:
Señor Director:
Me refiero a la columna, bajo el mismo título, de José Joaquín Brunner publicada en éste diario, en relación a la toma de la casa central de la Universidad Católica por un grupo de estudiantes. Ella me sugiere diversas reflexiones que paso a expresar.
En ese acto de usurpación, y por tanto ilícito, el autor reconoce haber participado y lo recuerda con orgullo y nostalgia. Señala haber experimentado aquel momento “con una exaltada conciencia de emancipación”, agregando que el candado puesto en el portón, el lienzo acusatorio en contra de éste diario -que colgaba en el frontis de la casa central- y la remoción del Rector – Obispo era lo que estaba en juego entonces. Califica también de “progresistas” las propuestas de la Democracia Cristiana, en boga por esos años, entre los que enumera la reforma agraria, la revolución en libertad y la promoción popular.
Y en la mención de que éste movimiento se extendió a otros países, destaca entre ellos, al que tuvo lugar en París al año siguiente, señalando por último, que con ello pretendían “cambiar los estrechos limites dentro de los cuales se desenvolvía la UC”.
En lo personal, como estudiante entonces de la facultad de Derecho de la UC, dos cursos inferiores al autor, nuestra percepción sobre ese movimiento estudiantil es diametralmente opuesta. Liderados por nuestro amigo Jaime Guzmán, también entonces estudiante de la misma facultad, recuerdo la advertencia que le hiciera a los dirigentes de la DC, en el sentido que ellos estaban actuando como el “caballo de troya” en esa subversión, y que a poco andar controlaría la izquierda, lo que finalmente ocurrió.
Conscientes de que si triunfaba ese movimiento y quedaba impune aquel ilícito serviría de funesto precedente para el futuro, los estudiantes opositores a esa toma decidimos nosotros mismos desalojar por la fuerza, a los usurpadores, con la convicción de que si el gobierno del Presidente Frei Montalva y su gente permitían la toma, nosotros teníamos el derecho a exigir continuar con nuestros estudios, conculcado entonces con ese acto de fuerza.
Así, en los días siguientes a la toma –y sin esperanzas de un desenlace pacífico el cual intentamos sin éxito- decidimos en una madrugada darnos cita en un punto de la comuna de Quilicura, 400 jóvenes provistos de cascos y garrotes a lo que se agregaba una estrategia logística para reingresar a nuestra universidad. Sin embargo, filtrada la noticia de nuestro intento el gobierno de Frei horas antes ordenó proteger a los usurpadores rodeando la universidad con un fuerte y numeroso contingente policial armado. Conocida esta circunstancia en el lugar del encuentro y después de entonar el himno patrio, nuestros dirigentes decidieron abortar nuestra acción. De haber nosotros tenido éxito, según esperábamos, tal vez habríamos evitado la siguiente toma de la catedral de Santiago, el incendio de una industria distribuidora, y las usurpaciones que habrían de llegar en los 6 años siguientes a más de 5.000, paralizando al país, y cuyos ciudadanos final y mayoritariamente solicitaron la intervención de nuestras fuerzas armadas.
Nuestro movimiento gremial universitario también intentaba entonces cambios dentro de nuestra universidad, pero en forma pacífica. Recién habíamos logrado ganar en las urnas el primer centro de estudiantes Gremialista en la Escuela de Derecho, y organizábamos foros donde recordamos como participantes, entre otros, al distinguido profesor don Julio Philippi, alertándonos sobre los nefastos efectos para el país de una reforma agraria política vulnerando el derecho de propiedad, que Brunner señalaba como una meta que entusiasmaba a los usurpadores, juicio aquél del jurista Philippi que resultó profético.
El recién presidente francés Nicolás Sarkozy, por su parte, fustigó fundada y detalladamente en su campaña presidencial el movimiento de Mayo de 1968 en París, juicio, entre otros, que le significó un aplastante triunfo electoral, desmintiendo al autor de la columna en comento como un hecho digno de reconocerse como positivo.
En definitiva, el hito de la toma de la UC resultó ser fatal para la subsistencia de nuestra democracia.
Para concluir, no puedo dejar de recordar ahora, aquel pensamiento de un escritor quien sostuvo que las revoluciones las inventaban los intelectuales, las hacían los valientes y las aprovechaban los desvergonzados. Pues bien, en los años 67 y siguientes, la revolución y la contrarrevolución las hicieron hombres de coraje de uno y otro lado. Muchos quedaron mutilados y otros muertos, pero sólo los que enfrentaron con éxito la provocación de los revolucionarios han terminado o están terminando en prisión 34 años después, como si fueran los únicos culpables de aquel proceso que la clase política no supo conducir. Los intelectuales, por su parte, siguen vistiendo y viviendo bien, sin sobresaltos. Respecto de los desvergonzados, algunos ocupan importantes cargos y otros adulan a los intelectuales de entonces, mientras todos, ricos y poderosos, abandonan a los que crearon la institucionalidad que los convirtió en privilegiados.
Sergio García Valdés.
Señor Director:
Entre interpelaciones maqueteadas y responsabilidades políticas que simplemente no se asumirán, debe concluirse que la voluntad de lanzar el Transantiago antes de tiempo no es resultado de una errática intuición presidencial, sino consecuencia de una estudiada decisión política que ponderó el impacto ciudadano que generaría la medida versus un frío cálculo electoral.
2007 es el año en que la Concertación corre menos peligro si se toma en cuenta que 2008 y 2009 son años electorales claves.
Emilio Sanfuentes E.
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