Correspondencia muy contingente, 13/9/2007

Señor Director:
La viuda de un carabinero muerto en acto de servicio recibe en torno a cien mil pesos y la viuda de un extremista caído en el gobierno militar en torno a un millón mensual, ¿por que?
¿Los carabineros valen el 10% de un extremista?
¿Por que no las igualamos y le damos 600 mil al menos a cada una?
¿Creen que en dos semanas existirá algún detenido por el asesinato de este carabinero?
Julián Grau.

Señor Director:
Con relación a los desmanes y enfrentamientos ocurridos este 11 de Septiembre y la lamentable muerte del Carabinero y los dichos del Ministro del Interior y la Intendenta de Santiago, puedo decir lo siguiente:
“Según el Gobierno la delincuencia y los narcotraficantes son los que se aprovechan de esta fecha para causar saqueos, destrucción de bienes públicos, cortes de energía eléctrica y lo que más lamentamos el homicidio del Carabinero. Siendo la noche del 11 de Septiembre, el área metropolitana, una Ciudad sin dios ni ley. Mi consulta, cual es y será la posición de las Autoridades con respecto a esta situación que cada año es preparada por estos indeseables para causar tanto daño a nuestro País.
Con respecto a los dichos del Ministro del Interior que manifiesta que son lumpen y narcotraficantes los que organizan estos desmanes, creó que puede tener razón en sus comentarios, pero le podría decir que hay una equivocación en sus planteamientos, ya que los organismos de inteligencia no le han dado como corresponde la información de donde provienen estos preparativos para causar tanto daño, ya que, la mayoría que actúa en forma coordinada en los barrios periféricos, son grupos de combate organizados y que actúan aprovechando a los cabezas huecas que todavía existen en muestro País. Lo que recuerda a los grupos que existían en nuestro País en los años 70, actuando ahora sin nombres específicos, pero todos sabemos de donde provienen.
En Chile, se creó un organismo de Inteligencia (ANI), la cual creó yo, tiene que velar o adelantarse a hechos de esta naturaleza identificando a los responsables de estas organizaciones que actúan en las poblaciones e informar periódicamente a las Autoridades de Gobierno sobre sus investigaciones, para tomar las medidas necesarias, antes que sucedan hechos lamentables como el ocurrido ayer.
Si este organismo no esta cumpliendo su función, hay que hacer algo para enmendar o corregir su mandato. Si no es así, hay que dirigir los gastos en que incurre este organismo a Carabineros e Investigaciones que son los únicos que podrían hacer el trabajo de Inteligencia como corresponde, o nombrar gente idónea o preparada para la lucha anti-subversiva. Si no hay determinaciones luego, dios nos libre de lo que vendrá
Sergio Rodríguez Henríquez.

Viña del Mar, 11 Septiembre 2007.
Señor Director:
Pese a los 34 años transcurridos desde el Pronunciamiento Militar, a los entonces derrotados no les ha bastado el "Informe Rettig" y las conclusiones de la "Mesa de Diálogo-Valech". Ahora, la presidenta Bachelet, ex mirista, con un ministro de defensa también ex mirista, quiere "más sangre" de los que actuaron hace 34 años a pedido expreso de los poderes legislativo y judicial y de una inmensa mayoría de la población conciente. Bachelet ha dispuesto la reactivación por 6 meses de las labores de aquellas comisiones, porque después del Informe Valech se formó una nueva lista de personas que no alcanzó a ser beneficiada. Existen dos razones poderosas para reactivar tales comisiones: una de carácter político mediático que le conviene al gobierno, ahora que
está postulando a un cupo permanente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; y la otra de carácter económico para los ¿seudo? torturados del listado
post Valech, pues podrían recibir una suculenta "recompensa". Al respecto, algunos datos: la ley 19123, llamada ley Rettig, pagó entre 1994 y 2006, a familiares de las víctimas, poco más de $ 99.799 millones, más un bono compensatorio mayor de $ 2.473 millones. La ley 19992, llamada ley Valech, pagó casi $ 44.735 millones entre años 2005 y 2006. Además, la ley 19234 estableció beneficios por más de $ 573.708 millones para los exonerados políticos, entre 1995 y 2006. En total el Estado ha pagado un total de $ 720.715.899.000, equivalentes a $ 1.386 millones de dólares. La nueva
iniciativa podría encarcelar a más miembros de las FFAA, en venganza por la derrota marxista de hace 34 años, mientras los del "listado nuevo" y sus ya expertos abogados ganan plata y el gobierno gana votos para las próximas elecciones y a lo mejor un calzo en la ONU. En resumen, un "negocio redondo" para el socialismo gobernante. Así, nunca se alcanzará la ansiada Reconciliación Nacional"
Adolfo Carrasco Lagos
Nota de la Redacción: Esta carta fue enviada a varios medios de prensa, con la seguridad de que no será publicada debido a la demostrada obsecuencia para con el poder ejecutivo del país.

Señor Director:
Me impactó enterarme un día después, que la presidenta haya convocado a una “cumbre de seguridad” por los desmanes ocurridos el 11 de septiembre. Es una lástima que esta reunión, se haya hecho posteriormente, sabiendo que a pesar que hayan pasado 34 años, grupos delincuentes siguen haciendo actos vandálicos en varios sectores de nuestro país, como destruyendo colegios en la comuna de la Pintana, matando a un carabinero en Pudahuel, haciendo barricadas en la comuna de Peñalolén, disparando fusiles en Estación Central. Al final son las familias más humildes que sufren. ¿Y el gobierno qué?
Espero que en esta “cumbre”, junto con tomar todas las medidas necesarias para determinar las responsabilidades de los detenidos, sean capaces de ver también las responsabilidades políticas, por no poner mano dura antes estos actos, sabiendo que siempre ocurren.
Enrique Gillmore Carmona

Señor Director:

Nuevamente el 11 de Septiembre se presta para el vandalismo y actos terristas radicales.
Este año se suma un nuevo mártir en carabineros.
Sabe los chilenos cuantos carabineros murieron entre 1973 a la fecha, por actos de este tipo. Son muchos, más de cien y el ESTADO DE CHILE TIENE ESTE TEMA PENDIENTE.
Que pasa con la REPARACION Y JUSTICIA a los familiares de estos funcionarios, que fielmente cumplen su compromiso con su Institución y el Orden Público.
Seguramente seguirán recibiendo el PAGO del PS, ya que es el GOBIERNO el que debe velar por que las instituciones funciones, incluida la DEBIDA JUSTICIA.
E. Martínez.