Señor Director:
Si Lavín dice que le cree todo a la Presidenta, yo sólo puedo decir que ya no le creo a Lavín.
Juan Ferrari A.
Señor Director:
Valoro los esfuerzos de los Poderes Judicial y Legislativo por sacar a los tribunales de familia de la UTI, pero me inclino a pensar que nuevamente el Ministerio de Justicia está subestimando la demanda. Revisé lo que se ha discutido en el Congreso respecto al proyecto de la Presidenta Bachelet para normalizar el funcionamiento de esos tribunales y constaté que en los cálculos para determinar el número adicional de jueces que se requieren, se está apostando a un menor ingreso de causas principalmente por la mediación obligatoria, el examen de admisibilidad y la asistencia letrada. Los porcentajes de reducción me parecen abultados pero más importante que eso, es que no se aprecia un cálculo o estimación del impacto que tendrá en el universo de potenciales usuarios saber que los juicios por fin se tramitarán en sólo 3 ó 4 meses, que las Corporaciones de Asistencia Judicial podrán representar a ambas partes del juicio y que la mediación será obligatoria pero que las partes podrán regresar al tribunal si la mediación se frustrare por falta de acuerdos o simplemente por no querer seguir viéndole la cara al o la ex. La variable del impacto de la ley en los usuarios - léase "demanda contenida" - es clave. Tan importante, que los tribunales están colapsados hace dos años por subestimarla. Repetir el error sería trágico e inexcusable.
Cordialmente
Ricardo Viteri.
Señor Director:
EXPECTACION
¡Vista al ... Tribunal Constitucional! Expectación produce lo que pueda sentenciar esta máxima instancia sobre la protagónica participación del senador Alejandro Navarro (PS) en la movilización o protesta ilegal de la CUT en contra del Gobierno, el pasado miércoles 29 de agosto, infringiendo las disposiciones del inciso quinto del artículo 60 de nuestra Constitución Política, que reza: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15° del artículo 19, cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación”.
En absoluto corresponde alegar a priori -como lo ha hecho el afectado y otros personeros solidarios, para desviar la atención- que esta presencia senatorial -y la de otros parlamentarios, que al parecer no ha sido cuestionada- haya sido una manifestación de su irrenunciable “defensa de los trabajadores”, porque para ello existen las correspondientes instancias y medios jurídicos expresos -“para representar los intereses de quienes los eligen”-, no siendo una de ellas la movilización señalada, más aún en las particulares circunstancias en que se dio.
Ahora, ¡Bienvenido sea! si por estas apreciaciones el Tribunal Constitucional también deba pronunciarse -¡caiga quien caiga!- sobre infracciones al inciso cuarto del artículo 60 de nuestra Carta Fundamental, que reza: “Cesará en su cargo el diputado o senador que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales a favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes. Igual sanción se aplicará al parlamentario que actúe o intervenga en actividades estudiantiles, cualquiera que sea la rama de la enseñanza, con el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento”.
Propicia es la ocasión para preguntarse: ¿Por qué el miércoles 5 de septiembre pasado un grupo de parlamentarios oficialistas presentó un proyecto de ley para derogar los incisos cuarto y quinto del artículo 60 de la Constitución? Los miembros del Excmo. Tribunal Constitucional -supuestos o creídos “hombres sabios y justos”- tienen la última palabra...
Atentamente,
Jorge Saavedra Moena, c.i. 6.015.115-6.
La vergonzosa censura Mercurial:
Señor Director:
Razones de espacio, sin duda atendibles, impulsaron al diario "El Mercurio" a recortar la carta mía publicada ayer sobre el procesamiento de la familia Pinochet. Uno de los párrafos suprimidos decía: "Por justicia, afecto y gratitud, debo decir que creo que el general Pinochet no usó indebidamente recursos fiscales y que sus dineros son bien habidos". Esta parte es esencial para reflejar mi pensamiento. Las inconsistencias de la resolución judicial no pueden permitirme dejar ni la sombra de una duda sobre mi convicción personal que sé es compartida por muchísimos chilenos.
Manuel José Ugarte Godoy, Abogado.
Mensaje al Gobierno:
Sra. Presidenta..por favor...
Por nuestro País..No es bueno que el Sr. Rodríguez tome el mando de EFE..no podemos olvidar que el encabezo las negociaciones del gas con argentina y miren como estamos...tienen que haber otros profesionales en chile...hasta cuando se repiten en los cargos públicos estos señores....."
Robinson Vásquez.
